JOSE A. HERNÁNDEZ GÁLVEZ Juan José (29 años, Bonares, Huelva) es webmaster del Grupo ET, un conglomerado de páginas webs que basan su contenido en javascript para compartir enlaces de descargas de archivos.

En el punto de mira por la famosa ley Sinde-Wert, dos de sus páginas han sido las primeras en ser denunciadas: Elitetorrent, fundada en 2004 y con 150.000 visitas únicas al día, y Bajui, creada en 2008 y que sobrepasa las 80.000 visitas.

Antes de terminar su ingeniería informática, se lanza a montar un grupo de sites basadas en las denominadas páginas de enlaces a descargas ¿tan mal vio la situación del mercado laboral?
La carrera la dejé en un segundo plano cuando las páginas webs me exigieron más tiempo, aunque finalmente la he ido sacando muy poco a poco. He tenido suerte en el mercado laboral, aunque dicen que la suerte hay que buscarla y creo que la he buscado, continuamente con ideas y aprendiendo cosas por mí cuenta.

Su web ha sido de las 25 primeras en ser denunciadas en base a la ley Sinde-Wert. ¿Preocupado?¿Teme un cierre de la página en los próximos días?
Bueno, realmente ahora lo veo todo mucho mejor y esto es gracias a la confianza que me da mi abogado David Bravo (Bravo es un abogado que se ha hecho relativamente famoso al aparecer en debates televisivos, siempre en contra de las leyes antipiratería) , y a que la ley y los jueces me han dado siempre la razón. Por otra parte temo el poder que puede llegar a tener las productoras y su forma de ejercer presión sobre el ministerio.

Su grupo ya fue absuelto por un juez (en 2007 se iniciaron dos procedimientos, uno penal, y otro civil, iniciado por la SGAE, en los que el juez acabó por darle la razón a Juan José), ¿Porque está vez puede ser diferente y sus páginas podrían cerrar?
La ley sigue siendo la misma, la única diferencia es que ahora, al ver que los jueces no les daban la razón, han decidido quitar a la justicia del medio, y así poder cerrar webs libremente sin que nadie se les pueda oponer. Algo totalmente injusto y se podría decir que anticonstitucional.

¿Ha pensado en algún mecanismo para intentar esquivar la aplicación de la nueva ley?
No, creemos que la ley está de nuestra parte, y en el caso en que se nos cerrara la web, se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación, el cual denunciaríamos.

Supongo que el cierre de Megaupload y otros servidores similares ha supuesto un duro golpe para su web de enlaces. ¿Se ha visto afectado el número de visitantes?
Todo lo contrario, el que se pensaba que con el cierre de Megaupload esto iba a acabar estaba muy equivocado, existen muchos más servidores. Como comentó David Bravo en alguna ocasión, sólo un niño pensaría que tapando un agujero de un colador saldría menos agua.

¿Se nota un repunte en otras formas de compartir archivos?
El número de visitantes las semanas posteriores al cierre de Megaupload no solo no bajaron si no que subieron, en el caso de Bajui fue una pequeña subida, pero en el caso de elitetorrent se duplicaron las visitas aproximadamente. Sí es cierto que mucha gente ha vuelto al torrent. (el torrent es una forma de compartir archivos directamente entre usuarios, sin servidores físicos de por medio).

El beneficio que obtiene de sus páginas de descargas, ¿le es suficiente como para vivir de ello?
Si, me es suficiente para vivir de ello.

¿Cuanto facturó el Grupo ET por publicidad durante 2011?
La cantidad no puedo decirla, es personal. Pero queda muy lejos de las cantidades que salen publicadas.

¿Opina que la ley Sinde-Wert va a servir para que la gente vaya más al cine o compre más discos?
Para nada, la gente va a ir cada vez menos al cine porque los precios cada vez son más altos y cada vez hay más comodidades para poder ver las películas en casa ahorrándote un buen dinero.

¿Cree que el problema de la industria del entretenimiento está en la piratería o se debe a otros motivos, como el precio de los productos o la falta de originalidad?
El principal motivo es que en vez de aprovechar todas las posibilidades que te da Internet y las nuevas tecnologías, han perdido su tiempo y dinero en intentar una lucha perdida de antemano, además, no creo que llamando piratas a tus clientes se consiga hacer muchos amigos.

¿Defiende la cultura del todo gratis, o piensa que se puede alcanzar un punto intermedio?
Creo que se puede alcanzar un punto intermedio, pero para ello el primer paso lo tiene que dar la industria del entretenimiento y cambiar radicalmente su mentalidad.

¿Considera lícito que alguien descargue una película o un disco de música sin pagar por ello?
Pienso que es lícito siempre que el que lo descargue no lo venda, desde siempre ha existido el intercambio de material, de libros, de cintas de cassettes, de cintas VHS… etc, y eso no se puede frenar, que ahora haya más facilidad no quiere decir que sea menos lícito que antes.

Fuente: La opinión de Galicia

Cambio radical en Mediafire. El servicio de alojamiento y descargas directas se ha renovado por completo siguiendo los pasos de Dropbox y rompiendo con sus funciones similares a las de la cerrada Megaupload.

Adiós a las descargas directas en Mediafire tal y como las conocíamos hasta ahora. El cierre en enero de Megaupload sigue dejando consecuencias entre los competidores de la plataforma de Kim Dotcom. La última en modificar su política de forma radical ha sido Mediafire, una de las más conocidas y que ha optado por otro modelo al adoptado por rivales como Rapidshare, que decidió limitar la velocidad de las descargas para combatir la piratería y no ser acusada de infracción del copyright.

El cambio ha sido más notable si cabe en Mediafire. El servicio que anteriormente tenía un funcionamiento muy similar a Megaupload con ciertas ventajas sobre sus competidores ha variado su política por completo. A partir de ahora es necesario estar registrado en el portal para poder subir un archivo y sólo desde dicha cuenta de usuario podrá ser descargado. Al igual que con la citada Rapidshare, esta decisión responde a un intento por impedir que se convierta en foco de archivos con contenido protegido por derechos de autor con los consecuentes problemas legales que esto le puede acarrear.

Esta nueva estrategia viene acompañada de un importante cambio en la imagen de la web, con menús muy sencillos y directos que facilitan la navegación por un servicio que sin duda nos recuerda al rey de las plataformas de alojamiento en la nube: Dropbox. No obstante, las funcionalidades que ofrece no son las de este servicio, al menos en su plan gratuito, en el que el usuario podrá subir archivos de hasta 200 MB pero que no perdurarán en el servidor por tiempo indefinido. Los planes Pro y Business (9 y 49 dólares al mes respectivamente) sí ofrecen importantes ventajas como un mayor tamaño de los archivos y que sí estén alojados para siempre en el servidor.

No obstante, el nuevo Mediafire está en desventaja con Dropbox en tanto que no permite sincronizar los archivos con el asistente para PC o móvil, algo que ha convertido a Dropbox en líder en este tipo de servicios. Mediafire sólo destaca sobre esta plataforma en cuanto a la capacidad ilimitada a la hora de subir archivos (con los respectivos límites en el tamaño de cada uno), pero está por ver si esto acaba convenciendo a los usuarios.

¿Qué os parece esta transformación radical de Mediafire? ¿Seguirá contando con la aceptación de los usuarios o éstos abandonarán este servicio en busca de otros similares a Megaupload?

Fuente: Adsl Zone

El uso que dan las grandes compañías de Internet a los datos personales de los usuarios sigue siendo motivo de polémica. En mucha ocasiones se saltan los límites de la privacidad personal. Para combatirla, varios desarrolladores, entre ellos exempleados de Google, han creado una apliación que impide que se rastree nuestra actividad en Internet.

Gigantes de Internet como Google o Facebook han sido señalados en numerosas circunstacias acusados de tratar con información personal de sus usuarios con fines lucrativos. Las grandes compañías suelen almacenar en sus servidores información personal como las páginas anteriormente visitadas por los usuarios con el fin de hacer negocio con estos datos con agencias de publicidad o para mostrarles publicidad lo más acorde posible a sus gustos.

La lucha contra este tipo de prácticas es una constante en la Red. Recientemente conocimos la última herramienta creada para Firefox, denominada Collusion, que nos permite hacernos una idea de qué empresas rastrean la actividad del usuario. Además, para el navegador del panda rojo existen múltiples add-on que nos ayudan a proteger nuestra privacidad. Una de ellas es Disconnect.me, herramienta creada por varios desarrolladores, incluidos extrabajadores de Google, que nos servirá para maximizar nuestra privacidad.

Como detalla nuestro portal especializado en Android, Androidayuda.com, se trata de una extensión para los navegadores Chrome, Firefox y Safari en sus versiones móviles que impiden que Google rastree las páginas que se van a visitar. Sus desarrolladores han explicado que la herramienta bloquea todo el tráfico de terceros que va dirección de los servidores de Google así como de otros dos gigantes de la Red como Facebook y Twitter. Esto no supone una merma a la hora de entrar en el buscador o las citadas redes sociales.

El funcionamiento de Disconnect.me es similar. Una vez instalada, la extensión despliega un icono en la barra de navegación que se activa si existe una petición de datos desde los servidores. Los usuarios tienen la posibilidad de bloquearla o no y la herramienta es capaz de recordar la decisión tomada para repetirla en futuros avisos y evitar estar interrumpiendo constantemente la actividad del usuario.

Para descargarla de forma gratuita podéis visitar la web de Disconnect.me, donde podéis obtener la versión que bloquea tanto a Google como a Facebook y Twitter o versiones específicas si sólo queréis que uno de estos sitios no os rastree.

Fuente: Adsl Zone

Cuando se cumplen 20 días de la entrada en vigor de la controvertida ley Sinde (la norma que busca frenar en Internet la descarga y facilitación sin permiso de contenidos protegidos por derechos de autor), la directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro, y presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, Teresa Lizaranzu, ha señalado a la Cadena SER que la norma ha tenido un “efecto disuasorio”. Hasta el momento se han presentado 275 denuncias y no se ha producido el cierre de ninguna web (trámite que puede durar entre 20 días y tres meses).

El cierre de Megaupload (el portal de alojamiento de contenidos) y la entrada en vigor de la la ‘ley Sinde’ han supuesto que muchas páginas de enlaces (las que apuntan al contenido protegido) dejen de funcionar.

Algunas de las solicitudes no han venido suficientemente acompañadas de lo que pedimos”
“No queremos hablar de denuncias. Es un procedimiento administrativo, con la intervención del juez . Por lo tanto, no es un procedimiento penal. Con este procedimiento, queremos contar con un instrumento más”, ha dicho Lizaranzu.

La encargada de ejecutar la ley Sinde asegura que la Comisión que preside se reúne “con cierta regularidad para que esos expedientes se resuelvan de una manera similar, para consolidar este procedimiento e ir con todas las garantías jurídicas”.

Lizaranzu destaca que, pese a la difusión del procedimiento por parte de los medios de comunicación, “algunas de las solicitudes no han venido suficientemente acompañadas de lo que pedimos”.

Unas 200 de las denuncias presentadas responde a la acción de un músico que pretendía protestar contra la ley y colapsar el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Fuente: El país

9.000 dólares al día (unos 6.800 euros) le cuesta a Carpathia Hosting conservar los datos de Megaupload que aloja. Deseados por la industria cultural de EEUU para entablar posibles demandas y por los usuarios que buscan como recuperarlos, la compañía ha pedido al juez que le dé una solución. Ellos apuestan por borrarlos ya o que les paguen por conservarlos.

Algo de razón no le falta a la compañía estadounidense. Desde que el FBI entrara en sus oficinas en la operación contra los dueños de Megaupload en enero, Carpathia lleva más de medio millón de dólares desperdiciados.

En sus servidores alojan unos 25 petabytes en archivos de Megaupload. Aunque presumen de contar con una infraestructura de 1.103 servidores, la página creada por el alemán Kim Dotcom era su principal cliente. Hace ya semanas que el FBI anunció que había tomado todas las pruebas que necesitaba y que liberaba a Carpathia de cualquier deber de custodia.

Sin embargo, la compañía no los ha borrado. Apenas se supo la decisión del FBI, usuarios de todo el mundo, en una campaña que se inició en España, reclamaron el acceso a sus datos. También la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF) se ha personado en el caso para que los que consideraran vulnerados sus derechos, pudieran actuar para recuperar su información. Hace unos días, ha sido la propia MPAA (la industria cinematográfica de Hollywood) la que ha pedido que se conserven los datos para posibles demandas en el futuro contra usuarios.

A Carpathia le da igual quien tiene la razón, ellos sólo quieren desembarazarse de unos archivos que, al no poder borrarlos, no puede liberar sus servidores para ofrecérselos a otros clientes. Aseguran que en consumo de energía, espacio de disco ocupado y conectividad, están perdiendo 9.000 dólares cada día.

Como no puede borrarlos por su cuenta, porque la EFF ya ha amenazado con demandas si lo hace, Carpathia ha presentado un escrito al juez de Virginia que lleva el caso contra Megaupload para que tome una decisión. Ellos no se niegan a conservar los datos, pero quieren que las partes interesadas en el caso, ya sea el Gobierno de EEUU, Hollywood o los defensores de los usuarios, los que se hagan cargo del coste de su conservación.

Hasta que no vean el dinero, ellos proponen algunas soluciones que podrían funcionar. Una es la de abrir de forma temporal Megaupload para que los usuarios puedan recuperar sus archivos y, una vez pasado un plazo, borrar todo lo que quede. Otra podría ser que el juez ordene al Gobierno o a los dueños de Megaupload que corran con sus gastos.

Fuente: Adsl Zone

No está siendo un buen comienzo de año para los servicios de alojamiento de archivos. Con Megaupload bloqueado y sus dueños a espera de extradición, con Hotfile denunciado ante la Justicia estadounidense, ahora es Rapidshare la que tendrá que revisar y filtrar todo lo que suben sus usuarios a sus servidores para asegurarse que no vulnera la propiedad intelectual.

El caso de Rapidshare es llamativo por dos razones. Por un lado, la compañía suiza lleva años actuando muy duro,borrando enlaces a material no autorizado apenas tiene constancia de su existencia. Esto le hizo perder popularidad y dejar el puesto número uno de los cyberlockers en favor de Megaupload. Un lugar que ni siquiera ahora, con su rival cerrado, ha conseguido recuperar. Sin embargo, su política proactiva no ha bastado a la industria cultural que la viene acosando con demandas y juicios.

Por otro lado, este caso se produce en suelo y legislaciones europeas, más defensoras de la presunción de la inocencia que la estadounidense y más reacia a anteponer el derecho a la propiedad intelectual sobre otros como el de la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, ahora un alto tribunal de la ciudad alemana de Hamburgo ha confirmado tres sentencias de juzgados inferiores que obligan a los dueños de Rapidshare a filtrar de forma previa todo lo que suben sus usuarios. Medidas similares han obligado a cerrar ya otras páginas en el pasado.

Las demandas habían sido presentadas por GEMA, la SGAE germana y las editoriales De Gruyter y Campus, que habían conseguido que, en los tres casos, Rapidshare fuera condenada a pesa Para los jueces, Rapidshare no ha hecho lo suficiente y deberá instalar un sistema de filtrado que asegure que el material de los demandantes no aparece en sus servidores, lo que implica un sistema de filtrado previo. Hay que recordar que recientemente, elTribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Sabam (la entidad de gestión de derechos de autor belga) contra la operadora Scarlet, el máximo órgano judicial europeo rechazo la implantación de un sistema de filtrado a priori por parte de la operadora por que iría contra el derecho a la privacidad de los usuarios y la libertad de información.

Aunque aún no han tomado una decisión, los responsables de Rapidshare podrían recurrir la decisión judicial alemana basándose en la sentencia europea.

Fuente: Adsl zone

El Alto Tribunal de Nueva Zelanda ha declarado “nula” la confiscación de los bienes del fundador de Megaupload, Kim Schmitz o ‘Dotcom’, requerida por EE UU por supuesta piratería informática, a causa de una orden policial “prematura” e “incorrecta”, han confirmado este lunes fuentes judiciales. El comisionado de la Policía neozelandesa, Peter Marshall, ha admitido que la orden fue “prematura” y que presentó la “orden incorrecta” para decomisar los bienes del informático alemán sin aviso, sin darle la oportunidad para preparar su defensa, según el escrito.
“La orden de este Tribunal del 18 de enero de 2012 para el registro de la orden de restricción extranjera es nula e inválida y no tiene efectos legales”, reza el fallo de la juez Judith Potter emitido el viernes pasado y obtenido ho. La decisión abre la posibilidad para que ‘Dotcom’, quien se encuentra en libertad condicional a la espera del inicio en agosto próximo de su proceso de extradición a Estados Unidos, pueda recuperar los bienes confiscados y acceder a las cuentas que fueron congeladas.
‘Dotcom’ y otros tres directivos de Megaupload fueron detenidos el 20 de enero en las afueras de Auckland como parte de un operativo internacional contra la piratería informática emprendido por Estados Unidos, que también implicó el cierre del portal, la confiscación de sus bienes y detenciones en Europa.
Para enmendar el error
La juez Potter ha indicado que el comisionado ha buscado enmendar su error dado que ya solicitó el mes pasado la orden de restricción correcta y en este trámite ha incluido retrospectivamente todos los bienes que le fueron decomisados a ‘Dotcom’. Una nueva orden ha sido otorgada de forma temporal, aunque en su fallo del viernes la magistrada ha indicado que pronto se pronunciará sobre este caso que enfrentan al comisionado de la policía y a ‘Dotcom’, su socio Bram van der Kolk y Megastuff.
Estados Unidos quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos a ‘Dotcom’ y los tres directivos detenidos en Nueva Zelanda, de diversos delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero. Las autoridades de Washington acusan al portal de descargas de daños a la propiedad intelectual superiores a 500 millones de dólares (379 millones de euros) y de haber conseguido de manera ilícita ingresos de más de 175 millones de dólares (133 millones de euros).

Fuente:  El diario Montanés

La intención de la ‘ley Sinde-Wert’ de cerrar por la vía administrativa webs no cerradas ni por la penal ni por la civil les va a dar bastantes quebraderos de cabeza no sólo a los propietarios de esas páginas, sino también al conjunto de ciudadanos que se opone a esta disposición.

David Bravo: “El criterio homogéneo de los jueces es el de no cerrar”

Sin embargo, está claro que nadie se lo va a poner fácil. Este jueves, el abogado David Bravo remitía al Ministerio de Cultura un escrito oficial en el que recuerda que, hasta la fecha, el criterio homogéneo de los jueces ha sido el de no cerrar webs por cometer ningún tipo de delito civil ni penal. Este escrito tiene un claro destinatario dentro del Ministerio: la ya famosa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que será la encargada de cerrar webs.

En su escrito, Bravo recuerda que “estas páginas no tienen más contenido que los enlaces referidos y que carecen de archivo alguno, encontrándose éstos en los discos duros de los ordenadores personales de aquellos usuarios que han decidido compartirlos o en servicios de almacenamiento a los que estos mismos usuarios los suben con el mismo propósito”.

Además, “la actividad de este tipo de webs ya ha sido analizada tanto en los juzgados del orden penal como el civil, concluyendo de forma homogénea la inexistencia tanto de ilícito penal como civil al concluir que la actividad de estas webs no supone un acto de comunicación pública por únicamente enlazar archivos que se encuentran alojados en otros sitios de la red”.

El CGPJ y 17 autos lo demuestran

El escrito de David Bravo no se basa en opiniones, sino en hechos: el abogado apunta a un total de 17 autos y sentencias que han absuelto a varias páginas webs de toda culpa. En concreto, Bravo destaca una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 7 de julio de 2011, en la que se especifica que una web de enlaces “facilita u orienta a los usuarios de Internet la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P, pero en nuestro derecho ese favorecimiento no constituye ni reproducción ni puesta a disposición de la obra”.

Pero no sólo las sentencias van en contra de los cierres. También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su momento realizó un informe sobre el Derecreto que aprobaba el funcionamiento de la Sección Segunda, dejaba claro que a las páginas web “no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual”.

Posible delito de prevaricación

El escrito de David Bravo le recuerda indirectamente a la Comisión que el cierre de páginas web, además de ir en contra de multitud de sentencias y de la opinión del CGPJ, está sometido a un criterio de arbitrariedad que recuerda al artículo 404 del Código Penal, que establece las acciones que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

Con todo, el escrito de David Bravo ha sido remitido a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del ministerio de Cultura, que, a partir de ahora, queda oficialmente informada de la amplia jurisprudencia que siempre ha absuelto a las páginas webs de enlaces. Ahora la patata caliente está en manos del propio Ministerio.

Fuente: El Confidencial

No, David Bravo no ha dicho en ningún momento que la Comisión Sinde-Wert incurra en delito de prevaricación. ¿Por qué? Básicamente porque eso es algo que sólo deben decidir los jueces. Como los cierres de los sitios web, vamos. Sin embargo, lo que ha hecho el abogado andaluz es mucho más grande que todo eso: ha presentado un escrito en el Ministerio de Cultura recordando con precisión la enorme lista de resoluciones judiciales que avalan a los sitios web de enlaces…

… concluyendo de forma homogénea la inexistencia tanto de ilícito penal como civil al concluir que la actividad de estas webs no supone un acto de comunicación pública por únicamente enlazar archivos que se encuentran alojados en otros sitios de la red.

¿Y cuál es el valor de ese documento? Ah, citemos un bello pasaje del vigente Código Penal que se encuentra en el artículo 404 (que ya es mala pata que tenga ese número, también), dentro de un capítulo de los Delitos contra la Administración Pública que curiosamente se denomina “De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

¿Qué? ¿No? Pues es muy divertido. Al dar entrada al escrito presentado por Bravo, el Ministerio de Cultura tiene conocimiento oficial de la jurisprudencia que existe sobre el tema y de la forma de actuar que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial en todos los casos que hasta la fecha han sido favorables a todo el mundo menos a los que ahora han querido darle una vuelta de tuerca al asunto creando leyes a su medida. Ha llegado la hora de ir a por palomitas.

Fuente: Josep Camós en Nación Red.

El Juzgado de lo Social número 40 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Eduardo Bautista contra esta entidad por despido, por considerar que no es la jurisdicción competente para ello.

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La jueza considera que no cabía hablar de una relación laboral entre SGAE y Bautista En una sentencia notificada este lunes, la titular del Juzgado, Yolanda Urban, establece, sin entrar en el fondo del pleito, que la relación entre la SGAE y Bautista era “simplemente” de naturaleza mercantil, por lo que absuelve a la entidad de la pretensión de su exdirectivo de ser indemnizado con 1.400.000 euros.

El pasado 24 de febrero, el Juzgado de lo Social celebró la vista por esta demanda, en la que la defensa de Bautista alegó que éste había renunciado a su cargo, pero no había dimitido, al contrario de lo que sostenía la SGAE, cuestión en la que no entra la sentencia.

Según la magistrada, “lo cierto es que no cabe hablar de relación laboral” entre Bautista y la entidad “pues no existía un poder orgánico de administración más amplio que el suyo” en la sociedad de gestión.

Por ello, acepta el argumento de la SGAE de la inexistencia de una relación laboral común, aunque Bautista desempeñara funciones de alta dirección y, por tanto, considera que la jurisdicción social no es la competente para resolver este asunto.

Bautista renunció a sus cargos tras ser detenido el 1 de julio dentro de la operación Saga, en la que está imputado por apropiación indebida, administración fraudulenta y un delito societario por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El mismo Juzgado de lo Social número 40 de Madrid declaró procedente el pasado 28 de febrero el despido por parte de la SGAE de su exdirectivo José Luis Rodríguez Neri, también imputado por la Audiencia Nacional, y le denegó la indemnización de 1,2 millones de euros que reclamaba.

Fuente: 20 minutos